LA TUTELA ADMINISTRATIVA DE LOS INCAPACES

A las entidades públicas les corresponde la tutela administrativa de los menores que, hubieran sido declarados en desamparo.

En particular, la entidad pública a la que, en el respectivo territorio, esté encomendada la tutela de los incapaces cuando ninguna de las personas recogidas en el artículo 234 sea nombrado tutor, asumirá por ministerio de la ley la tutela del incapaz o cuando éste se encuentre en situación de desamparo.

A falta de preceptos que la desarrollen, suscita delicados problemas de interpretación. De entrada, parece que el precepto entronca con el artículo 49 de la Constitución.

Con el fundamento legal expuesto y pensando, en las personas de edad avanzada con enfermedades degenerativas, se atribuye a la Administración la tutela de los incapaces mediando cualquiera de las dos circunstancias siguientes:

1) Que el incapaz se encuentre en situación de desamparo.

2) Que no sea nombrado tutor del incapacitado alguna de las personas a que alude el artículo 234 del Código Civil, es decir, ni las personas que el propio tutelado hubiera designado a tal efecto, ni el cónyuge del incapacitado, ni sus padres, ni la persona que éstos hubieran designado, ni un descendiente, ascendiente o hermano del tutelado.

A la vista de la insuficiente regulación legal otorgada a la tutela administrativa de los incapaces, cabe afirmar que la reforma se ha limitado a sentar los presupuestos de un sistema de control administrativo respecto de la protección de los incapaces, relegando la determinación de los cauces arbitrados para hacer efectivo el sistema que instaura.

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