El hecho imponible del IRPF

El hecho imponible de este impuesto es la obtención de renta por el contribuyente por el periodo impositivo. En la Ley del IRPF, se establecen los cinco componentes de la renta, que son: rendimientos del trabajo; rendimientos del capital; rendimientos de actividades económicas; ganancias y pérdidas patrimoniales; imputaciones de rentas.

Las tres primeras fuentes de la renta se refieren a rendimientos que se van a integrar en la base imponible por la diferencia entre ingresos menos gastos. La cuarta fuente de renta se refiere a las ganancias y pérdidas patrimoniales donde se van a incluir las plusvalías y las minusvalías que se pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión de bienes. También se incluyen aquí algunas incorporaciones de bienes sin contraprestación e incluso algunas pérdidas de valor. Las imputaciones de rentas se refieren a determinadas rentas que la ley obliga a incluir en las declaraciones de los contribuyentes. Se trata de unas rentas que no son reales sino que a través de una ficción real el legislador entiende que se han obtenido, por ejemplo, la imputación de rentas inmobiliarias, o por la cesión de derechos de imagen.

Habrá que tener en cuenta que por este impuesto se gravan tanto las rentas dinerarias como las obtenidas en especie. La dificultad aquí vendrá en cómo valorar las que se obtengan en especie, ya que habrá que seguir el régimen particular que establece la ley para las rentas de este tipo.

CONSUMACIÓN DE LA RESERVA

Si al morir el reservista le sobreviven los hijos o descendientes del matrimonio anterior, según el artículo 973 [sucederán en los bienes sujetos a reserva, conforme a las reglas prescritas para la sucesión en la línea descendiente, aunque en virtud de testamento hubiesen heredado desigualmente al cónyuge premuerto o hubiesen repudiado su herencia]. Por tanto, los reservatarios serán dueños de los bienes reservables por título sucesorio, pero no dice el precepto citado si suceden al reservista o al causante de la reserva.

Es verosímil pensar que heredan al reservista. Los reservatarios, pues, heredan a éste, el cual no puede disponer en favor de otros los bienes reservables.

Una vez aceptada la sucesión en los bienes reservables, los reservatarios podrán exigir de los herederos del reservista el cumplimiento de las obligaciones a que estaba obligado.

Una vez consumada la reserva, parece claro que los herederos del reserevista han de poder reclamar, en su caso, el importe de gastos que haya hecho su causante en bienes que tenía que custodiar para entregarlos a los reservatarios por imperativo de la ley.

LA TUTELA ADMINISTRATIVA DE LOS INCAPACES

A las entidades públicas les corresponde la tutela administrativa de los menores que, hubieran sido declarados en desamparo.

En particular, la entidad pública a la que, en el respectivo territorio, esté encomendada la tutela de los incapaces cuando ninguna de las personas recogidas en el artículo 234 sea nombrado tutor, asumirá por ministerio de la ley la tutela del incapaz o cuando éste se encuentre en situación de desamparo.

A falta de preceptos que la desarrollen, suscita delicados problemas de interpretación. De entrada, parece que el precepto entronca con el artículo 49 de la Constitución.

Con el fundamento legal expuesto y pensando, en las personas de edad avanzada con enfermedades degenerativas, se atribuye a la Administración la tutela de los incapaces mediando cualquiera de las dos circunstancias siguientes:

1) Que el incapaz se encuentre en situación de desamparo.

2) Que no sea nombrado tutor del incapacitado alguna de las personas a que alude el artículo 234 del Código Civil, es decir, ni las personas que el propio tutelado hubiera designado a tal efecto, ni el cónyuge del incapacitado, ni sus padres, ni la persona que éstos hubieran designado, ni un descendiente, ascendiente o hermano del tutelado.

A la vista de la insuficiente regulación legal otorgada a la tutela administrativa de los incapaces, cabe afirmar que la reforma se ha limitado a sentar los presupuestos de un sistema de control administrativo respecto de la protección de los incapaces, relegando la determinación de los cauces arbitrados para hacer efectivo el sistema que instaura.

El devengo en el IVA

El IVA es un impuesto instantáneo, y se devenga operación por operación, aunque desde el punto de vista de su gestión, su declaración es periódica, normalmente trimestral, y en cada declaración, el sujeto pasivo incluye la suma de todas las operaciones devengadas, y le resta las cuotas soportadas en el periodo para ingresar la diferencia. 


Pero siendo un impuesto instantáneo, ¿cuándo se produce el devengo? La regla general, es decir, para las entregas de bienes, es que se devenga en el momento en el que se pone a disposición del adquirente el bien, y en operaciones y servicios, en el momento que materialmente se presta el servicio. Si el IVA se devenga cuando se entrega el bien, ese es el momento en el que debe declararse. 


En el caso de pagos anticipados, hay una regla especial, y es que el IVA se devenga en cada cobro parcial anticipado, por el importe facturado. Esto ocurre, por ejemplo, cuando alguien compra una casa en construcción. 

Hay más supuestos especiales, por ejemplo en el caso de operaciones de tracto sucesivo, como los arrendamientos, en los que el devengo se produce en el momento en el que resulte exigible la parte del precio que corresponda a cada percepción. 

ATRIBUCIÓN, DETERMINACIÓN Y PRUEBA DE LA FILIACIÓN


El Derecho positivo recurre a ciertos mecanismos que sirven para establecer la existencia de un vínculo jurídico de filiación. Se habla de determinación de la filiación. Por su parte, el Ordenamiento fija también los medios a través de los cuales cabe probar la existencia de esa relación jurídica de filiación.


La prueba puede realizarse bien en el marco de un proceso judicial, bien en el tráfico jurídico ordinario, cuando sea preciso acreditar la existencia de una filiación. A su vez, la prueba en el proceso puede darse; o bien en un proceso dirigido específicamente a establecer la relación de filiación que no está determinada legalmente, o a hacer desaparecer una filiación que sí lo está; o bien en cualquier otro proceso, para cuya adecuada resolución sea relevante acreditar una filiación ya determinada legalmente.

Cabe decir, que tanto la sentencia o el documento en que se determina la filiación, como la presunción de paternidad matrimonial, son propiamente medios de determinación de la filiación, pero no actuarán habitualmente como medios de prueba en el tráfico o en el proceso, ya que para la admisión de pruebas distintas a la inscripción se estará a lo dispuesto en la Ley de Registro Civil. Es decir, que el medio de prueba ordinario en el tráfico, y en los procesos que no se dirigen a determinar positiva o negativamente una filiación es la inscripción en el Registro.

Por último, la posesión de estado, además de otras importantes funciones, puede actuar también como medio de prueba en los procesos de determinación de la filiación, pero no será medio de prueba habitual en otros procesos, salvo en casos excepcionales. En lo que respecta al tráfico puede desempeñar, un papel más relevante, sobre todo en las relaciones más ordinarias, aunque puede ser insuficiente cuando se exija una mayor constancia formal de la filiación.


IMPUTACIÓN DE DONACIONES

El artículo 819 del Código Civil, ordena practicar la imputación de las donaciones de la siguiente forma:

a) Donaciones a los hijos: Las donaciones a los hijos que no tengan el concepto de mejora se imputarán en su legítima. Las donaciones, para que se reputen mejoras imputables al tercio de este nombre, deben ser hechas por el donante declarando de una manera expresa su voluntad de mejorar. El exceso, si lo hubiere, debe considerarse que lo donó el causante con cargo a la parte de libre disposición.

b) Donaciones a ascendientes: Si el ascendiente concurre a la sucesión como legitimario, hay que entender que la imputación se hará a su legítima y el exceso a la parte libre.

c) Donaciones a extraños: Son extraños todos aquéllos que han recibido donaciones del causante y no concurren a su herencia como herederos forzosos. La imputación de esas donaciones ha de hacerse a la parte libre de la herencia, y si no caben por entero, el exceso se reduce por inoficioso.

El Impuesto sobre la Renta de los No Residentes

El objeto de este impuesto es la obtención de renta en España por los no residentes. Los sujetos pasivos son tanto personas físicas como personas jurídicas que obtengan rentas en España. La ley contiene muchas especificaciones para determinar cuándo se entiende que una renta se ha obtenido en España. Lo más importante es que el impuesto contiene, a su vez, dos maneras distintas de tributar en el seno de este tributo, totalmente distintas:

1) Las rentas obtenidas mediante establecimiento permanente en España.
La ley entiende que una persona tiene establecimiento permanente cuando tiene aquí instalaciones de trabajo, o un local, o actúa por medio de un tercero de manera permanente.

2)Las rentas obtenidas en España sin establecimiento permanente en España.
Es un impuesto puramente objetivo, cuando el causante obtiene la renta, paga el impuesto y se libera de la obligación sin más dilaciones. La tributación es separada para cada devengo de renta. Lo importante es determinar cuándo una renta se entiende obtenida en España (estudios, artistas y deportistas, dividendos de entidades residentes, etc.).

En este impuesto, es muy importante la retención. En el caso de transmisión de inmuebles, por ejemplo, la retención es del 3%, y el adquirente está obligado a ingresarlo para que el sistema fiscal español tenga constancia de la venta. La retención aquí es fundamental, porque permite controlar el pago. Los no residentes deben presentar declaraciones salvo que hayan soportado retención, en cuyo caso la tributación se limita a la retención soportada. 
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